No es nada nuevo ni novedoso saber que las mujeres hacemos el 90% del trabajo no remunerado e invisibilizado. Tampoco es nuevo saber que existe aún hoy, en el siglo 21, una importante brecha entre mujeres y varones en el acceso al empleo y por ende en los ingresos, a pesar de mujeres igualmente capacitadas o más que los varones. Tampoco es nuevo que cada vez que hay una crisis económica esa brecha se agranda y la situación de todos se empeora, pero que la de las mujeres lo hace de forma abrumadora.
La crisis generada por la pandemia de COVID-19 impactó negativamente en la ocupación y en las condiciones laborales de las mujeres en América Latina y el Caribe (ALC), generando un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral. La tasa de participación laboral de las mujeres era 46% en 2020, mientras que la de los varones de 69% (en 2019 alcanzaron un 52% y un 73,6%, respectivamente). Se calcula, además, que la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 12% en 2020, porcentaje que se eleva al 22,2% si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019. En 2020 se registró una contundente salida de mujeres de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la búsqueda de empleo.
Además de presentar tasas de participación laboral mucho más bajas que los varones, cuando las mujeres participan en el mercado laboral, en promedio, perciben menores ingresos y tienen menos posibilidades de desarrollo en su carrera, trabajan menos horas y experimentan más inestabilidad laboral. En Argentina hay un 17,7% de mujeres subempleadas (los varones son un 12, 3%) y un 53,2% de las mujeres tienen empleos de tiempo parcial (cuando los varones solo un 28,9%).
La caída del producto interno bruto (PIB) regional (-7,7% en 2020) y el impacto de la crisis en el empleo afectan negativamente los ingresos de los hogares. Alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas están en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019.
El nuevo informe de la CEPAL de agosto confirma que el COVID-19 desató en América Latina y el Caribe la mayor crisis que han experimentado los mercados laborales desde 1950. La recuperación será lenta. En 2021 se espera una mejora en el empleo, pero en el caso de las mujeres sólo se llegaría al 49,1%, con niveles similares a los de 2008.
Las mujeres de la región somos parte crucial de la primera línea de respuesta a la pandemia. Un 73,2% de las personas empleadas en el sector de la salud son mujeres, quienes han tenido que enfrentar condiciones de trabajo extremas, extensas jornadas laborales, que se suman al mayor riesgo de contagio. Todo esto en un contexto regional en el que persiste la discriminación salarial, pues los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud son un 23,7% inferiores a los de los varones del mismo sector.
Además, el trabajo doméstico remunerado, que se caracteriza por una alta precarización y por la imposibilidad de ser realizado de forma remota, ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis. En 2019, previo a la pandemia, alrededor de 13 millones de personas se dedicaban al trabajo doméstico remunerado (de los cuales 91,5% eran mujeres). En total, este sector empleaba a un 11,1% de las mujeres ocupadas en la región. Pero en el segundo trimestre de 2020 los niveles de ocupación en el trabajo doméstico remunerado cayeron. Un 56,9% de las mujeres en América Latina y un 54,3% en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores donde hay un mayor efecto negativo en términos del empleo y los ingresos por causa de la pandemia.
El cierre de fronteras, las restricciones a la movilidad, la caída del comercio internacional y la paralización de la actividad productiva interna han impactado en las trabajadoras y empresarias vinculadas a los sectores del comercio, turismo y manufactura. Por ejemplo, el sector del turismo, altamente feminizado, en el que un 61,5% de los puestos de trabajo están ocupados por mujeres, sufrió una contracción importante.
Las tasas de desocupación se incrementarán de manera sostenida en los próximos años -según datos de CEPAL-. Esto refleja un problema estructural que trasciende el COVID-19 y la necesidad de replantear el modelo de mal desarrollo, explotación, precarización laboral y endeudamiento.
América Latina y el Caribe deben invertir en la economía del cuidado y reconocerla como un sector dinamizador de la recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, la redistribución de tiempo e ingresos, la participación laboral, el crecimiento y la recaudación tributaria. Es urgente reforzar las políticas de empleo y asegurar a las mujeres participación en los sectores dinamizadores de la economía en condiciones de trabajo decente. Se deben combinar medidas en apoyo al empleo y la reactivación con medidas de atención inmediata a la pérdida de ingresos. Urge promover procesos de transformación digital incluyentes que garanticen el acceso de las mujeres a las tecnologías, potencien sus habilidades y reviertan las barreras socioeconómicas que estas enfrentan, de manera de fortalecer su autonomía económica. La propuesta de canasta básica digital de la CEPAL tendría un enorme impacto favorable, al conectar a una de cada cuatro mujeres de ALC.
Resulta imprescindible avanzar en un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de género y que evite la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres, la sobrecarga de trabajo no remunerado y la reducción del financiamiento de políticas de igualdad. Además de transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de recuperación, se requieren acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo.